DE CUANDO NO SE REGALABA EL DINERO DE LOS VENEZOLANOS (LA ESTABILIDAD SOSTENIBLE)

También había consciencia para rechazar las acusatorias falsas según las cuales los campesinos se bebían en aguardiente los préstamos recibidos y el gobierno hacía préstamos no recuperables sino donaciones y regalos. Las cifras también desmentían esta especie: la inversión se iba triplicando cada año debido al alto nivel de recuperación de los préstamos, y se le decía a los adversarios y a la población en general que el gobierno no estaba regalando los dineros públicos, porque no eran suyos. Rómulo lo decía así, desde un acto de entrega de tierras, por radio y televisión: “Cometería una acción dolosa, punible, merecedora de que los miembros de este gobierno fueran enjuiciados y encarcelados, si regalara el dinero de los contribuyentes y no los prestara. Díganle ustedes los campesinos a sus compañeros que yo me siento orgulloso como venezolano y como gobernante de esa honradez y de esa puntualidad con que pagan sus préstamos”.

A esto se agregaba la política de mercadeo, esfuerzo que se hacía para no beneficiar al camionero transeúnte sino para hacer más efectivo los resultados positivos y el sudor y el esfuerzo del trabajo del campesino y su familia se consolidara en una estabilidad sostenible... 

DE CUANDO NO SE REGALABA EL DINERO DE LOS VENEZOLANOS 

 (LA ESTABILIDAD SOSTENIBLE)

-Alberto Rodríguez Barrera-

     En mayo de 1962, la patria se defendía construyendo, pero también rechazando la ola antidemocrática de militares reaccionarios y facciones seudoizquierdistas efectivamente golpistas y que seguían funcionando en el Congreso Nacional, donde en plena libertad decían, jaquetona y desafiantemente: “Y desde esta tribuna, a nombre del Comité Central del Partido Comunista quiero manifestar que nuestro partido recoge el programa del 4 de mayo (el porteñazo) y que nuestro partido continuará ahora luchando por hacer realidad el programa democrático de las Fuerzas Armadas del 4 de mayo en Carúpano”. 

     También los jóvenes fabricantes de bombas molotov y aceitadores de armas conciliaban perfectamente sus “contorsiones en el Club del Twist” como trasplante a Venezuela de los métodos del “justorrigorismo”, del personaje Justo Rigores de “La Brizna de Paja en el Viento” de Rómulo Gallegos, porque eran los métodos de Fidel Castro, quien nunca tuvo contacto con los libros y jamás se había preocupado por los problemas de América. Con Gallegos precisamente, recordaba Betancourt cuando vivía en Cuba (1950-52) que Castro, ahora “cruzado de la liberación de los humildes”, era sólo un jefe de pistoleros de la Universidad de La Habana, “siempre en un filo de cuchillo entre el Robin Hood de la leyenda inglesa y el atracador puro y simple”.

     Bolívar hablaba de “locos conduciendo a ciegos y caminando por tierras escarpadas”, y el grave desvío histórico de los golpistas realengos venezolanos creía vivir en una democracia laxa, blanda y bobalicona, cosa que se iba demostrando que no era, ya que la democracia los superaba en una acción revolucionaria, democrática y popular.

     Vaya un sólo ejemplo: contra viento y marea, finalmente Venezuela –después de cuarenta años de ser espectadora pasiva de la extracción, refinación y comercialización del crudo- tenía (desde 1959, también finalmente) su propia empresa estatal de petróleo: La Corporación Venezolana de Petróleo (futura PDVSA). Finalmente perforábamos nuestros propios pozos en el Zulia y en Barinas, por primera vez extraíamos 20 mil barriles diarios (además de incorporar en 1961 a la reservas nacionales 8 millones de metros cúbicos de petróleo). Era imposible (además de estúpido) hablar de nacionalización cuando recién comenzábamos a trasladar el crudo a El Palito, se ampliaba la refinería de la Petroquímica y nos preparábamos para distribuir gasolina venezolana producida por capital estatal venezolano, con técnicos venezolanos y con obreros venezolanos, para los venezolanos; recién se habían frenado las “concesiones”, palabra de definido y definitivo acento colonial, y se otorgaban contratos de servicio a compañías europeas y norteamericanas, coexistiendo la producción privada con la producción estatal. ¡Y creamos la OPEP!

     Así como la Confederación de Trabajadores de Venezuela contaba con 1.200.000 trabajadores respaldando la acción de gobierno y así como los trabajadores del petróleo ya tenían condiciones de salario y de vida que se igualaban a las de Estados Unidos y muy superiores a las de la Unión Soviética, con el apoyo de los campesinos finalmente se comenzaba a desarticular el sistema latifundista, con el gobierno adquiriendo la tierra a los particulares, respetando las tierras cultivadas, de quienes habían hecho inversiones en el campo y no las hipotecaban para vivir en la ciudad sino que se fueron al campo para incrementar la producción agrícola y ganadera del país, habiéndose además asentado en dos años y medio 50 mil familias en un 1 millón 500 mil hectáreas, con otras cuantiosas y valiosas inversiones correspondientes a servicios para los asentamientos campesinos, a dragados, a preparación de tierra, a caminos de penetración.

     Era esta una política firme y consecuente que se acompañó con el vigor organizativo del movimiento campesino, donde se habían creado ya 2.233 sindicatos en representación de 750 mil campesinos organizados y de 21 seccionales efectivas y no fantasmales de la Federación Campesina, a quienes se les hablaba con pedagogía democrática para que no esperaran todo del Estado, exigiéndoles su esfuerzo para la autoconstrucción de sus propias viviendas, con la ayuda del Instituto Agrario Nacional, así como se les señalaba que el gobierno no podía ser una especie de nodriza de todos los venezolanos y se les pedía volcarse sobre el surco para contribuir a la construcción de los caminos vecinales, al mejoramiento de la población donde vivían, con préstamos del Banco Agrícola y Pecuario en favor del campesino y en favor del sector industrial pertinente. Todo fundamentado en cifras y hechos precisos y constatables que omitiremos aquí.

     También había consciencia para rechazar las acusatorias falsas según las cuales los campesinos se bebían en aguardiente los préstamos recibidos y el gobierno hacía préstamos no recuperables sino donaciones y regalos. Las cifras también desmentían esta especie: la inversión se iba triplicando cada año debido al alto nivel de recuperación de los préstamos, y se le decía a los adversarios y a la población en general que el gobierno no estaba regalando los dineros públicos, porque no eran suyos. Rómulo lo decía así, desde un acto de entrega de tierras, por radio y televisión: “Cometería una acción dolosa, punible, merecedora de que los miembros de este gobierno fueran enjuiciados y encarcelados, si regalara el dinero de los contribuyentes y no los prestara. Díganle ustedes los campesinos a sus compañeros que yo me siento orgulloso como venezolano y como gobernante de esa honradez y de esa puntualidad con que pagan sus préstamos”.

     A esto se agregaba la política de mercadeo, esfuerzo que se hacía para no beneficiar al camionero transeúnte sino para hacer más efectivo los resultados positivos y el sudor y el esfuerzo del trabajo del campesino y su familia se consolidara en una estabilidad sostenible; se compraba el maíz y las caraotas y los otros frutos principales de la producción agrícola del campesino a precios estabilizados, dándole impulso a la política de los acueductos rurales, dándole agua a los campesinos sedientos y para que fueran menos los campesinos atormentados en sus noches por el chipo o chupón, para que pudieran vivir en casas decentes e higiénicas y no en las pocilgas miserables en que durante 150 años de vida republicana vivió.

     Pero ahí no quedaba todo el inmenso esfuerzo que se hacía, no eran suficientes los 6.000 kilómetros de carreteras que se habían construido en dos años y medio, además de caminos de penetración y vecinales; se continuó la construcción de caminos para que no siguieran “embotellados” los campesinos y tuvieran acceso a los mercados de compra y de venta; igualmente era evidente lo que se hacía en la educación rural; y en electrificación ya iban siendo muy pocos los caseríos venezolanos donde se seguía utilizando la lámpara de kerosene y la vela de esperma. (La política de desarrollo integral se hacía igualmente a favor del obrero urbano, del crecimiento de la empobrecida clase media, de la industrialización y desarrollo económico de Venezuela, de nuestra independencia económica.)

     El empeño por cumplir hasta la última letra con lo que se le ofreció al electorado no se modificó por parte del Gobierno de Coalición, consciente de la labor histórica que se había puesto en un programa democrático, popular, nacionalista y antiimperialista. Y las fuerzas empeñadas en derrocarlo estaban ciegas a la realidad que vivía el país, estando como estaban constituidas por los remanentes indigeridos de los dictatorialistas y el desfase de una izquierda manipulada desde la URSS vía Cuba. En su transición al arrepentimiento, que ya en capítulos pasados hemos señalado en sus propias palabras, quedaría también fuera de la vista –como los acueductos y las cloacas- muchas verdades evidentes, pero alrededor de 100 muertos fueron víctimas de una emboscada, asesinados por la espalda por francotiradores insurgentes; eran militares, infantes de marina, campesinos, gente del pueblo que estaba cumpliendo con su deber patriótico de servicio militar, quienes guiados por aventureros y respondiendo a imperativos disciplinarios fueron conducidos con engaños a la asonada, a la muerte.

     Venezuela se preguntaba si era aceptable que fuese en automóviles con placas del Congreso que se transportaran armas para la guerrilla, si era tolerable que partidos políticos que tenían representación parlamentaria aparecieran abierta y desafiadoramente implicados en conjuras que significaban sangre de venezolanos derramada, y trastorno para la marcha normal del desarrollo económico del país. Rómulo, aguantando el chaparrón, dijo: “Esa respuesta vendrá”.

     Betancourt fue escogido como Presidente no sólo porque tenía un programa coherente de bien público, fruto de años de trabajo por parte de la dirigencia histórica de Acción Democrática. Había una trayectoria de servicio constante, leal a la República y leal a la democracia. Y Rómulo no estaba hecho de alfondoque quebradizo, venía de una lucha por establecer y defender las instituciones de Venezuela y –para defender el derecho de los venezolanos a vivir libre y democráticamente- haría lo que fuese necesario hacer. Tras 35 años de vida pública y de entrega constante a su país, se encaminaba a presidir unas elecciones absolutamente imparciales y totalmente libres, para traspasar la banda presidencial a quien representara a la mayoría del electorado. Entonces era verdad que no se permitirían más derramamientos de sangre “por estos obcecados en el derrocamiento de un régimen inderrocable, porque lo apoyan la inmensa mayoría del pueblo y la lealtad de las Fuerzas Armadas”.

EN LA TIERRA POR LA DEMOCRACIA AMADA

¨La realidad venezolana aconseja una labor de capacitación y de orientación previas como punto de partida para las realizaciones efectivas. La improvisación como método destruye las posibilidades de concretar en hechos las justas reivindicaciones a que aspiramos. Los militantes de una tendencia –izquierda o derecha- deben tener una orientación precisa y asumir una táctica justa y uniforme si aspiran al triunfo. La anarquía no edifica jamás. Sólo integrando y dirigiendo concienzudamente las fuerzas políticas pueden ser estas instrumentos eficaces para la lucha.¨

Valmore Rodríguez Editorial en Panorama, 1936

EN LA TIERRA POR LA DEMOCRACIA AMADA 

Alberto Rodríguez Barrera

     A tres años y medio del Gobierno de Coalición (agosto de 1962), también en el Zulia era bastante positivo el balance de la obra descomunal que iniciaba la Revolución Democrática. Los zulianos distinguían entre la vocería y la realidad innegable de los hechos. Y es interesante recordar que en la inauguración del Puente Urdaneta, cuyas bajas tarifas de peaje permitirían que la obra se pagase en 100 años, el Presidente Betancourt hizo un discurso bastante largo: 35 minutos. 

     A tres años y medio del Gobierno de Coalición (agosto de 1962), también en el Zulia era bastante positivo el balance de la obra descomunal que iniciaba la Revolución Democrática. Los zulianos distinguían entre la vocería y la realidad innegable de los hechos. Y es interesante recordar que en la inauguración del Puente Urdaneta, cuyas bajas tarifas de peaje permitirían que la obra se pagase en 100 años, el Presidente Betancourt hizo un discurso bastante largo: 35 minutos. 

     En Venezuela, el Puente Urdaneta formaba parte de un vasto plan de vialidad bien coordinado y seriamente estructurado. Y en el Zulia, para este momento, en tres años y medio, se habían construido 828 kilómetros de carreteras por parte del Ejecutivo Nacional, más 515 kilómetros por parte del gobierno regional. Hablamos de carreteras como: Carora-Lagunillas, Palmarejo-Coro, Coro-Lagunilla, Maracaibo-Machiques, El Vigía-Santa Bárbara-Encontrados, Maracaibo-Machiques y Palmarejo-La Plata, entre otras. Para 1963-64 estaba prevista la terminación de Machiques-Casigua, Lagunillas-Agua Viva, Machiques-Colón-Encontrados, la autopista Lagunillas-Cabimas (con aporte de la Creole), entre otras. De la misma manera se procedía en materia de aeropuertos, y en el caso de otro ejemplo de importancia fundamental: la profundización y ensanche del Canal de la Barra de Maracaibo, que convirtió en mar interior su Lago, con todas las consecuencias favorables que ello representó para la economía del Estado Zulia, donde anteriormente se permitía el paso de buques de hasta 16 mil toneladas y ahora permitía el paso de tanqueros de 45 mil toneladas, con una capacidad de 320 mil barriles de petróleo. 

     En cuanto a educación, el gobierno estaba convencido de que una batida a fondo a la ignorancia era tarea primordial para una tierra de gentes inteligentes, ágiles mentalmente, receptivas, pero que no habían tenido acceso a la cultura. En todos sus niveles, desde la educación primaria hasta la educación superior, el Gobierno de Coalición ya había realizado una labor que no admite paralelo ni comparación con la realizada en cualquier época de su historia por cualquier gobierno de América Latina. En el Zulia se habían realizado 18 grupos escolares, la Escuela Normal de Maracaibo, los Liceos Udón Pérez, Baralt, Chávez; estaban en construcción otras 59 escuelas piramidales, 18 barracas de alfabetización, Escuelas Industriales con el sector privado, Escuelas Comerciales, Comedores Escolares; la Universidad del Zulia (cerrada en 1904 y reabierta en 1946, y que pasó de 600 alumnos en 1958 a 4.000 alumnos en 1962, aumento en 640%), recibía ahora la colocación de la primera piedra para la construcción de la Ciudad Universitaria del Zulia, con el claro propósito de acentuar el contenido y formar ahí, finalmente, nuestros propios especialistas en ingeniería petrolera, medicina, ingeniería civil, agrónomos y otros profesionales zulianos. 

     La construcción de viviendas recibió también un impulso jamás visto, con créditos de apoyo para la construcción privada, como se hacía en toda Venezuela con estímulos a la construcción para bajar el desempleo, cumpliéndose dos finalidades: aumentar las posibilidades de acceso de los sectores de las clases medias y populares a viviendas suyas y al propio tiempo la de darle trabajo a los obreros, incitando a la constitución de Bancos Hipotecarios con préstamos del Banco Obrero, de los bancos hipotecarios de Caracas y de la Junta de Crédito Urbano; de la misma manera el Banco Obrero facilitaba con la Universidad del Zulia el otorgamiento de créditos para viviendas de profesores. En la tarea de construir viviendas también se invirtieron préstamos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. 

     Oculto como los acueductos y las cañerías, el poderoso desarrollo urbano de las principales ciudades de Venezuela no fue un acto de magia y obedeció en mucho a la política de trabajo concertado entre el sector público y el sector privado, iniciado con energía por este Gobierno de Coalición. Mientras esta política avanzaba, se tenía consciencia de los 700 mil ranchos que para 1962 tenía Venezuela, y que tampoco serían sustituidos por arte de magia. Uno de los problemas serios de Venezuela, como de todos los países de América Latina, es el de la emigración de la periferia hacia el centro, de los campos a las ciudades. Decía Rómulo: “Si no hacemos digna y deseable la vida del campesino; si no llevamos al campesino el acueducto rural, la escuela rural, la electrificación rural, la reforma agraria, permanece la circunstancia de que el campesino es un desadaptado en el medio urbano y de que el campesino no termina de incorporarse definitivamente a la vida de las ciudades. Y constituye en Maracaibo, como constituye en Caracas, como constituye en Barquisimeto, una periferia de gentes sin empleo o desocupadas, un peligroso fermento de descontento y de descomposición social. De tal manera que hay una sola forma de evitar las migraciones de la periferia al centro: hacer vivible y habitable la periferia rural”.

     A conciencia de que en la era tecnológica la energía eléctrica es la palanca insustituible de los pueblos para su avance y desarrollo, como también lo afirmaba Rómulo Betancourt, en el Zulia estaba por concluirse la planta termoléctrica Las Morochas, para abastecer al Zulia y a toda la región, pero también se atendía la electrificación rural para los centros campesinos y poblaciones que recibían la luz eléctrica por primera vez (Bobures, San José, Sinamaica, Paraguaipoa, los distritos Sucre, Páez, Mara, Bolívar; Carrasquero, San Carlos, Santa Rita, San Ignacio). Todo ello iba de la mano con la reforma agraria que en el Zulia había distribuido para este momento 181.000 hectáreas, beneficiando a más de 5 mil familias, con préstamos que entre otras cosas lograría que (con 17 mil campesinos y el esfuerzo de los empresarios) que Venezuela dejara de depender de maíz extranjero. 

     En cuanto a salud, además de regar de dispensarios al Zulia, se puso a funcionar el Hospital Universitario de Maracaibo, se transformó el Hospital Quirúrgico de Maracaibo en Maternidad, se ampliaron el Hospital Siquiátrico de Maracaibo, el Sanatorio Antituberculoso y el Hospital General de Maracaibo, se establecieron centros de rehidratación con atención médica para la población infantil, se inició la construcción del Hospital de Cabimas… 

     La sed del estado se combatió con la instalación de 30 acueductos rurales (Caña Larga, Tipire, Concepción, San Pedro, isla de Toas, Caja Seca, Playa Grande, Gibraltar, Sinamaica, Palmarejo, San Felipe, Boca Caimana, Las Quemadas, Los Obispos, El Consejo, Barranquitas, El Tigre, Machango, Santa Cruz de Mara, Santa Rita, Puertos de Altagracia, Ciudad Ojeda, entre otras, y la ampliación extensa en Cabimas y Maracaibo, donde anteriormente se atendía al 30% de la población y ahora se superaba al 54%, las tres cuartas partes de la población). Junto a ello iba la siembra de tubos para cloacas. Y en cuanto a sistemas de riego, en el Zulia se planificaban y ejecutaban los más importantes, como eran los de la cuenca del Lago de Maracaibo, entre los ríos Zulia, Catatumbo y Chama. A esto se agregaban los sistemas de riego de Llanos de El Cenizo, El Palmar, Río Limón, así como una serie de diques y represas que incidirían profundamente en el bienestar de la gente, de la ganadería y de la agricultura. 

  

     De la misma manera y en colaboración con la iniciativa privada, la Corporación Venezolana de Fomento regaba al Zulia con créditos industriales, favoreciéndose las industrias láctea, textil, pesquera, entre otras, asumiéndose el reto de industrializar al Zulia más allá del petróleo. Y en esta materia, el Zulia en 1962 producía el 64% del petróleo venezolano y estaba en en Zulia el 84% de los 17.000 millones de barriles que constituían nuestras reservas contabilizadas o probadas. Con la creación por parte del Gobierno de Coalición de la Corporación Venezolana del Petróleo, germen de PDVSA, dejábamos de ser espectadores pasivos de la producción, manipulación y comercialización de nuestro principal producto natural, habiéndose perforado ya 6 pozos petroleros, e invertido también en el gasducto Casigua-La Fría. 

      La posición abiertamente democrática y antidictatorial del Gobierno de Coalición se manifestaba igualmente con una firme actitud ante los golpes de Estado, como el que derrocó en el Perú al Presidente Manuel Prado, diez días antes de entregar el poder y que desconoció un proceso de comicios. El gobierno de Venezuela inmediatamente retiró su embajada del Perú y solicitó una reunión de consulta de cancilleres para estudiar el problema de los golpes del Estado en le América Latina. Esta actitud del gobierno respondía a una orientación pedagógica consecuente y absolutamente democrática, tanto del gobierno como de Acción Democrática. Cuando en 1960 fue derrocado el coronel Lemus en El Salvador, quien había sido electo en comicios, el Gobierno de Venezuela rompió relaciones con la Junta que sucedió a Lemus y no restableció relaciones con el gobierno salvadoreño sino después de haber sido electo, en comicios, el coronel Rivero. Cuando fue derrocado el Presidente Frondizi, en la Argentina, el Gobierno de Venezuela retiró su embajada de la Argentina y dejó de mantener relaciones con el gobierno de facto que para esos años existía en ese país.

     Al sostener tal posición, Venezuela no estaba sólo dentro de la filosofía que informa la Organización de Estados Americanos, sino dentro de sus propios textos legales. De esta manera se era consecuente con principios y normas jurídicas estampadas en pactos multilaterales que tienen carácter de compromiso cumplible. Y al propio tiempo el Gobierno de Venezuela procedía así porque un país que ha vivido y soportado dictaduras no puede cruzarse de brazos, con actitud socarrona y displicente, cuando dictaduras se establecen en otros países de nuestra misma raza y de nuestra misma lengua. 

LA JUSTICIA NO VENDIDA AL ROJO VIVO

Mientras tanto, Rómulo esperaba poner la primera piedra del Palacio de Justicia de Venezuela, inauguró el Internado Judicial de Mujeres en Los Teques, las cárceles de Maturín y de Valencia e iniciaba la construcción del Centro Penitenciario Nacional. Y decía: “…lo importante es que el Gobierno Nacional y todos los venezolanos rodeemos de respeto y acatamiento al poder judicial de la República... No podemos defraudar al pueblo venezolano en la lucha por alcanzar las metas económicas y sociales que nos hemos fijado objetivamente. No habremos de permitir que el pueblo venezolano vaya a perder la ventaja que está ahora logrando después de haber perdido tanto tiempo en la época de la dictadura…”

LA JUSTICIA NO VENDIDA AL ROJO VIVO 

(BALANCE DE LA JUSTICIA SOCIAL)

-Alberto Rodríguez Barrera-

     En estas Raíces nos hemos venido reteniendo de forma particular en los sucesos correspondientes al Gobierno de Coalición presidido por Rómulo Betancourt, ya que durante este período (1959-1964) se fue instaurando y consolidando en Venezuela el sistema democrático, conjuntamente con un desarrollo social jamás visto en nuestro país, cuya siembra de logros y avances llegaría a superar con creces –con la sucesión de gobiernos democráticos- todo lo anteriormente realizado en nuestra historia.

     A tres años y medio de este gobierno, el 12 de septiembre de 1962, cuando se reunía la sexta Convención de Gobernadores, se exaltaba el logro que representaban estas reuniones como mecanismo de consulta entre el Ejecutivo Nacional y los gobiernos regionales, donde se examinaba la gestión cumplida dentro de un ambiente de franca autocrítica, porque había la intención coherente de asegurar el desarrollo integral bajo la coordinación de los planes nacionales con los de los Estados. Aquí se consideraba también la doble conspiración que acechaba al régimen: la conspiración de quienes pretendían restablecer en Venezuela la clásica dictadura autocrática y la conspiración de quienes pretendían establecer en Venezuela un régimen similar al que Fidel Castro le iba imponiendo a Cuba. La lucha gubernamental estaba clara: garantizar la estabilidad democrática.

   Las fuerzas contrarias contaban con periódicos y elementos que pretendían presentar a Venezuela como un país al borde de la desintegración. Pero tal objetivo se frustraba por la existencia de gobernantes comprometidos con Venezuela y con la historia para estabilizar -dentro de la Constitución y las leyes de Venezuela- un régimen venezolanista y democrático, un régimen de derecho. Era una posición que tenía el aval de los dos poderosos partidos de la coalición, Acción Democrática y Copei, y también un poderoso sector constituido por las corrientes políticas independientes, no ubicadas en ninguna corriente partidaria, además del apoyo y soporte de las Fuerzas Armadas de la República, fuerzas apolíticas, no deliberantes, subordinadas al poder civil.

     Pese a los conflictos que se enfrentaron con energía, el gobierno activó y continuó los planes de desarrollo económico y social, consciente de que la realización de éstos, conforme a los compromisos contraídos con la nación, vigorizarían y consolidarían las instituciones democráticas del país. Ya para 1962, Venezuela estaba dejando atrás el proceso de recesión económica, y se vislumbraban signos inequívocos de recuperación. Esta fue una lucha difícil que enfrentó el pesimismo y el derrotismo de muchos. Pero se contó con la fe de las grandes mayorías nacionales en la capacidad de superación de nuestro país.

     En la provincia, descuidada y sacrificada por largos años, fue cobrando ímpetu un movimiento de proyecciones nacionales que cristalizó en una multiplicidad de obras con los recursos provenientes de la nación y de los estados. La zona metropolitana, afectada por una distribución de estos recursos más equitativa dentro del ámbito del país y por la actitud evasiva del capital privado, hubo de ser objeto de un esfuerzo especial para reanimar la actividad económica. Pero las inversiones se realizaron con miras a facilitar el adecuado equilibrio regional para utilizar, en la forma más conveniente para los intereses del país, los recursos humanos y naturales. Sólo así se le podría dar al país una solución verdadera al problema del desempleo, que en sus aspectos económicos, sociales y esencialmente humanos no le cedía a ningún otro en importancia vital para Venezuela. Lo que sigue son indicaciones que permiten apreciar las previsiones que el gobierno tenía en cuanto a los recursos con que contaba y su determinación de movilizarlos de forma efectiva.

   La producción de petróleo aumentó en 1962 en más del 10% (sólo 3% en el año anterior). Con la gran inyección de dinero y créditos para la construcción de viviendas, se aumentaron considerablemente las posibilidades de la clase media y trabajadora para acceder a casas decentes (lo cual continuó creciendo de manera impresionante en las décadas siguientes), y se movilizó a la industria de la construcción, donde está centrado un sector importante de la capitalización nacional. El crecimiento de la industria manufacturera (12% ese año) sintió el impacto del comienzo de la producción de la Siderúrgica del Orinoco y de la Petroquímica.

     Así se cumplía otro objetivo gubernamental: el de la industrialización del país; el terminar con esa situación semicolonial del país que invertía las divisas de su industria petrolera en comprar en el exterior lo que podríamos producir con espíritu empresarial, con capital y con mano de obra venezolanos. Proceso acelerado gracias también a las inversiones privadas, la política de protección aduanera, la de préstamos en condiciones liberales y a largo plazo de la Corporación Venezolana de Fomento. 

     En la agricultura, la iniciación de planes nacionales en el sector campesino, como el del maíz (que se dejó de importar), aunada a la creciente actividad de los empresarios del agro, aseguró aumentos sustanciales en la producción, autoabasteciéndonos en una serie de renglones. La producción agrícola estaba directamente vinculada a la reforma agraria (59% de los peticionarios atendidos, 1.660.000 hectáreas distribuidas, con beneficio para 56.000 familias).

     Pero no bastaba con aumentar la producción y el crecimiento territorial bruto. Es importante destacar cómo se distribuía la renta nacional, si se hacía con injusticia o con justicia social. Las cifras demuestran cómo el ingreso nacional se distribuyó cada vez más entre mayor número de venezolanos. En 1957 la distribución del ingreso nacional fue del 47% para el capital y 52,4% para el trabajo. Y en 1961 ya se había llegado a 37% para el capital y 63% para el trabajo. Esto redujo el impacto que la recesión podía producir en las clases menos favorecidas, y es un fenómeno positivo por cuanto representa el alcance progresivo de una mayor justicia social.

     Dentro de una mayor productividad del trabajo, concertada con las administraciones regionales, se contrataron préstamos ($ 10 millones) para la construcción de 300 acueductos rurales adicionales, con el financiamiento de los materiales (además de los proyectos y la dirección técnica) a cargo del gobierno nacional y correspondiéndole a los gobiernos regionales el financiamiento de la mano de obra; para 1962 se habían construido otros 75 acueductos y se construían 100 más en Los Andes con la cooperación de la UNICEF. Otro préstamo ($30 millones) se invirtió en la remodelación de barrios, distribuidos coherentemente a nivel nacional.

     Se activó el Programa de Desarrollo de la Comunidad (con la creación que llegaría a ser Fundacomún), para que la construcción (de acueductos, carreteras de penetración, viviendas) contara con el aporte de los propios interesados (invirtiéndose en ello otro préstamo de $50 millones); para ello se incrementó en 20% el situado constitucional, en concordancia con el artículo 229 de la Constitución Nacional y al aumento de los recursos ordinarios del fisco nacional.

     Al igual que en el gobierno nacional, los gobiernos regionales persistían en una labor de saneamiento de sus finanzas, atendiendo los compromisos acumulados de manera anterior a su administración y procurando un mayor rendimiento de los dineros que les confiaba la nación. La insistencia permanente acentuaba la prédica de que no se podían repetir las prácticas viciosas de desbordar los límites impuestos a la gestión administrativa por las disponibilidades presupuestarias y generar irregularmente una deuda flotante cuya atención requiriese la postergación de obras y servicios esenciales. El Presidente Betancourt exigía la sanción inmediata de quienes incurriesen en tales prácticas: “Estamos identificados en el concepto de que nuestra gestión está sometida al veredicto del pueblo, quien tiene derecho a reclamar que sus resultados se correspondan con los recursos de que ha dispuesto. A mayores medios de acción mayor responsabilidad… en beneficio de las colectividades, por cuyos intereses estamos llamados a velar…Estas fórmulas deben abarcar tanto la ejecución de obras como el funcionamiento de los servicios, con arreglo a rigurosos criterios de economía. Una coordinación de este tipo nos permitirá programar el desarrollo del país no sólo en escala nacional, sino también dentro del ámbito de cada una de las regiones que lo integran. Y todo esto realizado según otra de las normas que constituyen el objetivo central de esta administración: la honradez administrativa. Esa honradez administrativa es un hecho real”.

     Por el país circulaban gentes enlodadas que pretendían enlodar a los demás, y también algunos para quienes con el descrédito del sistema democrático pretendían alzar el banderín de enganche electoral, con la tesis de que había proliferado en Venezuela la inmoralidad administrativa. Es bien sabido en Venezuela, y en todos los países, que quienes se enriquecen al arrimo de la cosa pública exhiben esa riqueza. Sólo enfermos, paranoicos, pueden amontonar monedas y esconderlas. Quienes roban construyen casas espléndidas, compran automóviles lujosos, disfrutan abierta y provocadoramente del dinero mal habido. Y Rómulo afirmaba con dureza: “En Venezuela ni el Presidente de la república, ni los ministros, ni los presidentes y directores de institutos autónomos, ni los gobernadores de estado, ni los que forman el tren ejecutivo fundamental de la República, se han enriquecido ilícitamente. Ha habido y continuará habiéndolo, quién sabe por cuánto tiempo, tráfico de influencias, cobro de comisiones, delitos contra la cosa pública en escalones subalternos de la administración, pero frente a esos atentados contra los dineros del común está alerta y vigilante el gobierno”.

     No eran sólo palabras. El Contralor General de la Nación, electo por unanimidad en el Congreso Nacional y no un funcionarios del Ejecutivo, tenía substanciados 268 expedientes: 86 en los tribunales de justicia, 49 en la Policía Técnica Judicial, 4 en la Fiscalía General de la República y 3 en la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos; y se instruían 46 nuevos expedientes. Rómulo exigía a los jueces desde la tribuna pública que “no debía haber lenidad, sino la máxima sanción, contra quienes cometieran el feo y deshonroso delito de desfalcar, o intentar desfalcar, los dineros fiscales”, además de que se investigaran “todas las presuntas irregularidades denunciadas recientemente por la prensa”.

     En este sentido, Betancourt había dicho al comenzar su mandato que “era necesario jerarquizar al poder judicial”, y agregaba en 1962 : “En Venezuela, país que ha soportado a lo largo de su historia republicana la influencia del ejecutivismo autocrático, ha habido dos poderes marginados, menospreciados, menorvalidos: el poder legislativo y el poder judicial. Y ha sido un empeño de este régimen constitucional el de darles su sitio y su posición como poderes del Estado al legislativo y al judicial”. 

     Y desde 1959 el poder judicial actuaba al margen de presiones e interferencias ejecutivas, y se alentaba a los jueces para que sus decisiones, como intérpretes de las leyes, fueran suyas, porque “el poder ejecutivo no está indicando en qué forma deben ser sentenciados los juicios… Y ese deber de servicio a la República tiene que ser muy exigente. No basta con sólo los empeños que se hagan para jerarquizar el poder judicial si no hay una vigilancia permanente para que aquellos remanentes de jueces sin ética no continúen desacreditando a la judicatura… El consejo judicial no puede congelar juicios para jueces deshonestos. Tiene que agilizarlos y así como los hombres que formamos el poder ejecutivo no tenemos ningún inconveniente en que se sancione a quien incumpla con las normas de ética que deben regir en toda la administración pública, así el consejo judicial tiene que agilizar los trámites para que los jueces de dudosa ética no continúen deshonrando la judicatura…Los jueces en Venezuela tienen que adaptarse a realidades nuevas. En Venezuela antes no era un delito robar los dineros públicos… Dentro de esta nueva moral administrativa, que es por otra parte la moral administrativa en todas las sociedades democráticas bien organizadas, no hay delito más vituperable, ni merecedor de mayor atención, que el delito de peculado… Tienen que adaptarse también los jueces de Venezuela a otras modalidades que no se presentaban en la sociedad, regida por las normas dictatoriales de antes. Son los delitos políticos que ahora se complican con atentados contra las personas y las propiedades. Hay reacción en la opinión pública cuando algunos jueces conceden el beneficio de habeas corpus a individuos que han asaltado instituciones del Estado para robarse armas. O que han asaltado casas comerciales o bancarias con el propósito de adquirir fondos para actividades seudorrevolucionarias. Y entonces, en las mentes de algunos jueces, se crea un conflicto. Si ésos son delitos políticos o delitos comunes. Para la inmensa mayoría de los venezolanos son delitos comunes. Simples atracos… Son situaciones nuevas que se les presentan a los jueces de la República, que podría resolverlas el gobierno con métodos expeditivos y dictatoriales, pero que no procede en esa forma haciendo presos a todos los líderes de esos partidos, inclusive a los diputados y a los senadores, porque quiere respetar la Constitución y las leyes de la República. Y porque tiene fe en los jueces de Venezuela. Los jueces de Venezuela tendrán que decidir si esos partidos (el Partido Comunista y el MIR) pueden tener derecho a representación parlamentaria, cuando son partidos que están atentando contra la vida, contra la propiedad, contra la seguridad, contra la paz y la tranquilidad de los venezolanos”

     Mientras tanto, Rómulo esperaba poner la primera piedra del Palacio de Justicia de Venezuela, inauguró el Internado Judicial de Mujeres en Los Teques, las cárceles de Maturín y de Valencia e iniciaba la construcción del Centro Penitenciario Nacional. Y decía: “…lo importante es que el Gobierno Nacional y todos los venezolanos rodeemos de respeto y acatamiento al poder judicial de la República... No podemos defraudar al pueblo venezolano en la lucha por alcanzar las metas económicas y sociales que nos hemos fijado objetivamente. No habremos de permitir que el pueblo venezolano vaya a perder la ventaja que está ahora logrando después de haber perdido tanto tiempo en la época de la dictadura…”

LA IMPUNIDAD Y EL HAMPODUCTO

“… no estaré en Miraflores ni un día más, pero tampoco ni un día menos, del lapso fijado por la Constitución para el mandato que ejerzo; y entregaré a mi sucesor el poder, dejando escritos con hechos, para la historia, que en Venezuela sí se puede gobernar sin robar”.  Rómulo Betancourt sembraba la confianza y la fe en la democracia, y decía: “Vivimos en el azaroso tiempo de la guerra fría y dentro de sociedades que aún no han encontrado su centro de equilibrio. Pero lo importante es que en ningún momento falle nuestra fe –la de los gobernantes y la de los gobernados- en que sólo dentro de los cauces y de las fórmulas de la democracia representativa podremos encontrar solución a los problemas presentados a nosotros, en términos de desafío”.

LA IMPUNIDAD Y

EL HAMPODUCTO 

-Alberto Rodríguez Barrera-

     El 15 de octubre de 1962, el Gobierno de Coalición solicitó ante la Corte Suprema de Justicia la ilegalización de los partidos Comunista y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

     La unanimidad habida en el Consejo de Ministros para la solicitud de esa medida de carácter político-judicial vino a desvanecer las especulaciones hechas en esos días de una supuesta crisis de gobierno con motivo de la medida en cuestión. El Consejo de Ministros reflejaba cabalmente la composición del gobierno y su unidad revelaba cómo, para bien de la República, se mantenía una armonía de criterio entre quienes ejercían por mandato popular la jefatura del Estado y sus inmediatos colaboradores, cuestión que a nadie producía sorpresa. Divergencias de principios, fundamentales, no podían surgir entre un Presidente de la República que había demostrado a lo largo de su dilatada vida pública apasionada y militante adhesión a las normas democráticas y los dirigentes de partidos políticos o ciudadanos políticamente independientes que ocupaban los más destacados puestos de comando de la administración pública.

     Tentación de arrebatos dictatoriales no esperaba el país de Rómulo Betancourt, quien no los había tenido en tres años y medio de gobierno de una muy difícil etapa nacional. Hubiera sido sospechoso de tales arrebatos quien hubiese dado indicios de querer prolongarse en el gobierno más allá de la finalización de su mandato, que en el caso de Betancourt sería a comienzos de 1964; o de quien tuviera especialísimo interés en saltarse a la torera la Constitución, como forma de garantizarse bienes mal habidos. Ni una ni otra situación eran las de Rómulo, quien no creía de hecho ni hacía nada excepcional, sino cumplir con los imperativos propios de su consciencia, con las leyes de la República y con un elemental deber de lealtad a la buena fe del pueblo que lo eligió Presidente, y decía: “… no estaré en Miraflores ni un día más, pero tampoco ni un día menos, del lapso fijado por la Constitución para el mandato que ejerzo; y entregaré a mi sucesor el poder, dejando escritos con hechos, para la historia, que en Venezuela sí se puede gobernar sin robar”.

     En el escrito presentado por el Ejecutivo federal a la Corte Suprema de Justicia, en su sala político-administrativa, se pedía que se declarara, con respecto a los partidos Comunista y MIR, “la invalidación de sus respectivas inscripciones o autorizaciones como organizaciones políticas”. Y más adelante se agregaba ese mismo pedimento: “Con todas las consecuencias legales que de ello deriven”. 

     Entre esas “consecuencias legales” cabía señalar, como una de las exigidas en forma clamorosa por la opinión democrática del país, la de que no continuaran utilizando los congresantes de esos partidos, cuya ilegalización se pedía, su inmunidad parlamentaria como patente de corso para ser dirigentes impunes de actos de terrorismo y de violaciones flagrantes de la Constitución y las leyes de Venezuela.

     Un millón trescientos mil obreros y campesinos del país, estructurados en la poderosa y combativa Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), expresaron el querer y sentir de Venezuela en un documento que entregaron al Presidente Betancourt en Miraflores, donde –después de ratificar que estaban en pie de lucha, sin retaceos ni calculismos- se manifestaban en defensa del régimen constitucional: “Causa asombro y malestar en la opinión pública democrática que un grupo de dirigentes de los partidos extremistas, responsables de esos actos de vandalismo político, se encuentren atrincherados bajo el manto de la inmunidad o impunidad, en el Parlamento nacional, desde cuya sede dirigen las acciones terroristas contra los demás poderes de la nación, lo que significa que dichos parlamentarios se encuentran en franca rebeldía contra la propia Constitución nacional. Al llamar la atención sobre esta anormal situación, es con el bien definido propósito de que se le ponga cese, de una vez por todas, a esta acción criminal que se libra desde los escaños del Parlamento nacional”.

     Y en el empeño, perfectamente justificable, de acorralar a los empresarios de la subversión y de hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley, el Ejecutivo federal intentó ante los tribunales penales una acción coincidente con el pedimento hecho ante la Corte Suprema de Justicia. La acusación introducida ante los tribunales ordinarios estaba respaldada con pruebas abrumadoras e irrecusables contra los partidos de la extrema izquierda. “Por rebelión civil serán acusados ante el tribunal competente los dirigentes nacionales de la subversión”, había prometido el Ministro de Relaciones Interiores al clausurar la Convención de Gobernadores. Se había substanciado un amplísimo expediente, donde se demostraba, con hechos y testimonios irrecusables, que los agentes en Venezuela del señor Kruschev y del señor Fidel Castro eran responsables del asesinato por la espalda de policías uniformados y de miembros de las Fuerzas Armadas; de atracos a bancos y a empresas comerciales e industriales; del fomento y estímulo de las guerrillas nonatas; de cooperación inductora y activa rebelión armada en las bases navales de Carúpano y Puerto Cabello; en fin, de atentados contra las personas y las propiedades, con el confeso y definido propósito de crear un caos en el país y de conducirlo a la guerra civil.

     Gentes impacientes, unos sinceramente y otros de mala fe, criticaron la vía escogida por el gobierno, que era la vía que se ajustaba a los requerimientos legales y al estilo del Gobierno de Coalición, que se anticipó a esas críticas de buena fe, sin sentirse obligado a hacerlo a los enemigos inmodificables del sistema democrático de gobierno, quienes –biológica y orgánicamente- no creían sino en la autocracia, y no por filosofía personal, que acaso hubiera sido respetable, sino porque cuando ha habido dictadura en este país se aprovechan de ella para el negocio fácil y el enriquecimiento rápido.

     El procedimiento de ir ante los jueces para que ellos decidieran sobre la ilegalización de los partidos extremistas no significaba diferir hasta las calendas griegas la solución del problema. Los lapsos establecidos en las leyes de procedimiento para los procesos ordinarios no se aplicaban a situaciones como la planteada por el Gobierno nacional a la Corte Suprema de Justicia. No se avizoraba riesgo de que los expedientes se archivaran y fueran víctimas de la polilla en los escritorios de los magistrados. En una forma u otra, porque el Ejecutivo no estaba ejerciendo presión sobre sus consciencias. Y mientras tanto, el gobierno estaba desmontando, enérgica y decididamente, el aparato conspirativo e insurreccional de los dos partidos extremistas.

     Los activistas de esos partidos estaban detenidos, en toda la República, lo cual se había facilitado por la suspensión de algunas garantías constitucionales, medida adoptada después de realizarse una serie de actividades terroristas de típico cuño comunista-mirista, que habían culminado a principios de octubre de 1962 con la ocupación, en Caracas, de la Maternidad Concepción Palacios por una brigada de terroristas militantes de esos partidos, quienes realizaron una acción de comando en esa institución de asistencia pública, sin importarles un bledo que en ella estuvieran más de 600 mujeres del pueblo en trance de dar a luz. 737 maestros y profesores comunistas y miristas habían sido erradicados de la educación pública, en proceso profiláctico que buscaba impedir que la cátedra fuese utilizada para realizar un proselitismo contrario a la Constitución, las leyes y la nación, y en favor de la Rusia y de la Cuba comunistas. Estos partidos habían perdido su contextura de organizaciones políticas y se habían transformado en sectas paramilitares, sometidas a órdenes que se impartían verticalmente para asesinar, robar, incendiar, dinamitar, para adquirir méritos, como ejecutores dóciles de órdenes emanadas del extranjero, ante los sínodos de Moscú y de La Habana.

     Pero no era sólo contra la delincuencia política que se utilizó la suspensión parcial de garantías. El hamponato sin filiación política, o en algunos casos vinculado a través de vasos comunicantes con el de filiación extremista, estaba beneficiándose de la honorable institución del habeas corpus para mantener en inocultable zozobra al país. Se aplicó lo que Rómulo llamó “un hampoducto”, trabajando a tiempo completo entre La Carlota y El Dorado. Esa misma actividad febril para aislar, encarcelar y reducir a los elementos antisociales se estaba desarrollando a escala nacional. Así, la restricción de garantías, que en nada perjudicaba a la inmensa, determinante mayoría de los venezolanos honorables, desde el punto de vista político o privado, se estaba utilizando y siguió siendo utilizada para combatir el hamponato, ya fuera el puro y simple de los amigos de lo ajeno, como el más sofisticado e igualmente repudiable de los enemigos de la tranquilidad y de la paz de los venezolanos.

     El decreto de suspensión de algunas garantías, que en forma responsable y eficaz utilizó el Ejecutivo para combatir la delincuencia política y hamponil, estaba por ser aprobado o impugnado por el soberano Congreso Nacional. No iba dirigido a quienes pensaban, actuaban y procedían en venezolano. Los militantes de la oposición democrática, a pesar de la restricción de garantías, estaban recorriendo el país en giras preelectorales, combatiendo al gobierno y en lícito ejercicio de su derecho a disentir de la forma como se orientaba la cosa pública en Venezuela. Absurdo hubiera sido que ligaran su suerte, no siendo apéndices de partidos internacionales, a quienes actuaban en Venezuela como quintacolumna de Moscú y de La Habana.

     En todo esto, no había presión alguna de los militares sobre el Gobierno de Coalición para que actuara como lo estaba haciendo. Rómulo no era insincero ni cobarde, y el pueblo le creía cuando afirmaba que las Fuerzas Armadas no habían pretendido presionarlo en ningún momento para que adoptara determinadas posiciones políticas o administrativas. Rómulo asumía que “los errores y aciertos de mi gestión de Presidente son míos propios, y no de personas o institución alguna. Y quiero dejar constancia explícita de que la institución castrense ha actuado con fidelidad y respeto a la norma constitucional, que hace de ella un organismo obediente, apolítico y no deliberante. Esto lo digo, reiterando lo afirmado en el mismo sentido muchas veces antes, cuando estoy, para hablar en criollo, ‘con el pie en el estribo’, apenas a dieciocho meses de entregar el poder a quien me suceda en Miraflores, y por eso mismo a cubierto de la suspicacia de que me exprese así con fin distinto del muy simple y muy obligante de hacerles justicia a quienes merecen, por su conducta institucionalista y honorable”.

     Otra observación es la de que habían resultado totalmente fallidos los propósitos de los empresarios del caos de paralizar con sus actos terroristas y con sus campañas de rumores, ya que el indetenible y enérgico proceso de recuperación económica y de acción administrativa fecunda era una realidad incuestionable. Los inversionistas seguían invirtiendo en nuevas industrias, y en ganadería y agricultura. El gobierno seguía adelante en su acción de saneamiento fiscal, de impulso al desarrollo económico. De defensa y valorización del capital humano del país. Se había presentado al Congreso un presupuesto de 6.225 millones de bolívares, cabalmente balanceado entre ingresos y egresos, y con un porcentaje determinante de inversiones con fines reproductivos. Se sacó a licitación la línea de transmisión de Macagua, en el Caroní, que habría de permitir traer hasta el centro de la República la electricidad barata allí producida; y para el próximo año estaba prevista la colocación de la primera piedra de la represa del Guri, que para 1969 dotaría a Venezuela de un índice per capita de electricidad igual al de Inglaterra; igualmente se pondría la primera piedra del puente sobre el Orinoco y se inaugurarían espléndidas edificaciones hospitalarias en Ciudad Bolívar y Barcelona. La industria de la construcción estaba en acelerado proceso de recuperación por las altas inversiones en obras públicas, y en materia de préstamos del Banco Obrero para casas y apartamentos de las clases media y trabajadora…

     Rómulo Betancourt sembraba la confianza y la fe en la democracia, y decía: “Vivimos en el azaroso tiempo de la guerra fría y dentro de sociedades que aún no han encontrado su centro de equilibrio. Pero lo importante es que en ningún momento falle nuestra fe –la de los gobernantes y la de los gobernados- en que sólo dentro de los cauces y de las fórmulas de la democracia representativa podremos encontrar solución a los problemas presentados a nosotros, en términos de desafío”.