Mientras tanto, Rómulo esperaba poner la primera piedra del Palacio de Justicia de Venezuela, inauguró el Internado Judicial de Mujeres en Los Teques, las cárceles de Maturín y de Valencia e iniciaba la construcción del Centro Penitenciario Nacional. Y decía: “…lo importante es que el Gobierno Nacional y todos los venezolanos rodeemos de respeto y acatamiento al poder judicial de la República... No podemos defraudar al pueblo venezolano en la lucha por alcanzar las metas económicas y sociales que nos hemos fijado objetivamente. No habremos de permitir que el pueblo venezolano vaya a perder la ventaja que está ahora logrando después de haber perdido tanto tiempo en la época de la dictadura…”
LA JUSTICIA NO VENDIDA AL ROJO VIVO
(BALANCE DE LA JUSTICIA SOCIAL)
-Alberto Rodríguez Barrera-
En estas Raíces nos hemos venido reteniendo de forma particular en los sucesos correspondientes al Gobierno de Coalición presidido por Rómulo Betancourt, ya que durante este período (1959-1964) se fue instaurando y consolidando en Venezuela el sistema democrático, conjuntamente con un desarrollo social jamás visto en nuestro país, cuya siembra de logros y avances llegaría a superar con creces –con la sucesión de gobiernos democráticos- todo lo anteriormente realizado en nuestra historia.
A tres años y medio de este gobierno, el 12 de septiembre de 1962, cuando se reunía la sexta Convención de Gobernadores, se exaltaba el logro que representaban estas reuniones como mecanismo de consulta entre el Ejecutivo Nacional y los gobiernos regionales, donde se examinaba la gestión cumplida dentro de un ambiente de franca autocrítica, porque había la intención coherente de asegurar el desarrollo integral bajo la coordinación de los planes nacionales con los de los Estados. Aquí se consideraba también la doble conspiración que acechaba al régimen: la conspiración de quienes pretendían restablecer en Venezuela la clásica dictadura autocrática y la conspiración de quienes pretendían establecer en Venezuela un régimen similar al que Fidel Castro le iba imponiendo a Cuba. La lucha gubernamental estaba clara: garantizar la estabilidad democrática.
Las fuerzas contrarias contaban con periódicos y elementos que pretendían presentar a Venezuela como un país al borde de la desintegración. Pero tal objetivo se frustraba por la existencia de gobernantes comprometidos con Venezuela y con la historia para estabilizar -dentro de la Constitución y las leyes de Venezuela- un régimen venezolanista y democrático, un régimen de derecho. Era una posición que tenía el aval de los dos poderosos partidos de la coalición, Acción Democrática y Copei, y también un poderoso sector constituido por las corrientes políticas independientes, no ubicadas en ninguna corriente partidaria, además del apoyo y soporte de las Fuerzas Armadas de la República, fuerzas apolíticas, no deliberantes, subordinadas al poder civil.
Pese a los conflictos que se enfrentaron con energía, el gobierno activó y continuó los planes de desarrollo económico y social, consciente de que la realización de éstos, conforme a los compromisos contraídos con la nación, vigorizarían y consolidarían las instituciones democráticas del país. Ya para 1962, Venezuela estaba dejando atrás el proceso de recesión económica, y se vislumbraban signos inequívocos de recuperación. Esta fue una lucha difícil que enfrentó el pesimismo y el derrotismo de muchos. Pero se contó con la fe de las grandes mayorías nacionales en la capacidad de superación de nuestro país.
En la provincia, descuidada y sacrificada por largos años, fue cobrando ímpetu un movimiento de proyecciones nacionales que cristalizó en una multiplicidad de obras con los recursos provenientes de la nación y de los estados. La zona metropolitana, afectada por una distribución de estos recursos más equitativa dentro del ámbito del país y por la actitud evasiva del capital privado, hubo de ser objeto de un esfuerzo especial para reanimar la actividad económica. Pero las inversiones se realizaron con miras a facilitar el adecuado equilibrio regional para utilizar, en la forma más conveniente para los intereses del país, los recursos humanos y naturales. Sólo así se le podría dar al país una solución verdadera al problema del desempleo, que en sus aspectos económicos, sociales y esencialmente humanos no le cedía a ningún otro en importancia vital para Venezuela. Lo que sigue son indicaciones que permiten apreciar las previsiones que el gobierno tenía en cuanto a los recursos con que contaba y su determinación de movilizarlos de forma efectiva.
La producción de petróleo aumentó en 1962 en más del 10% (sólo 3% en el año anterior). Con la gran inyección de dinero y créditos para la construcción de viviendas, se aumentaron considerablemente las posibilidades de la clase media y trabajadora para acceder a casas decentes (lo cual continuó creciendo de manera impresionante en las décadas siguientes), y se movilizó a la industria de la construcción, donde está centrado un sector importante de la capitalización nacional. El crecimiento de la industria manufacturera (12% ese año) sintió el impacto del comienzo de la producción de la Siderúrgica del Orinoco y de la Petroquímica.
Así se cumplía otro objetivo gubernamental: el de la industrialización del país; el terminar con esa situación semicolonial del país que invertía las divisas de su industria petrolera en comprar en el exterior lo que podríamos producir con espíritu empresarial, con capital y con mano de obra venezolanos. Proceso acelerado gracias también a las inversiones privadas, la política de protección aduanera, la de préstamos en condiciones liberales y a largo plazo de la Corporación Venezolana de Fomento.
En la agricultura, la iniciación de planes nacionales en el sector campesino, como el del maíz (que se dejó de importar), aunada a la creciente actividad de los empresarios del agro, aseguró aumentos sustanciales en la producción, autoabasteciéndonos en una serie de renglones. La producción agrícola estaba directamente vinculada a la reforma agraria (59% de los peticionarios atendidos, 1.660.000 hectáreas distribuidas, con beneficio para 56.000 familias).
Dentro de una mayor productividad del trabajo, concertada con las administraciones regionales, se contrataron préstamos ($ 10 millones) para la construcción de 300 acueductos rurales adicionales, con el financiamiento de los materiales (además de los proyectos y la dirección técnica) a cargo del gobierno nacional y correspondiéndole a los gobiernos regionales el financiamiento de la mano de obra; para 1962 se habían construido otros 75 acueductos y se construían 100 más en Los Andes con la cooperación de la UNICEF. Otro préstamo ($30 millones) se invirtió en la remodelación de barrios, distribuidos coherentemente a nivel nacional.
Se activó el Programa de Desarrollo de la Comunidad (con la creación que llegaría a ser Fundacomún), para que la construcción (de acueductos, carreteras de penetración, viviendas) contara con el aporte de los propios interesados (invirtiéndose en ello otro préstamo de $50 millones); para ello se incrementó en 20% el situado constitucional, en concordancia con el artículo 229 de la Constitución Nacional y al aumento de los recursos ordinarios del fisco nacional.
Al igual que en el gobierno nacional, los gobiernos regionales persistían en una labor de saneamiento de sus finanzas, atendiendo los compromisos acumulados de manera anterior a su administración y procurando un mayor rendimiento de los dineros que les confiaba la nación. La insistencia permanente acentuaba la prédica de que no se podían repetir las prácticas viciosas de desbordar los límites impuestos a la gestión administrativa por las disponibilidades presupuestarias y generar irregularmente una deuda flotante cuya atención requiriese la postergación de obras y servicios esenciales. El Presidente Betancourt exigía la sanción inmediata de quienes incurriesen en tales prácticas: “Estamos identificados en el concepto de que nuestra gestión está sometida al veredicto del pueblo, quien tiene derecho a reclamar que sus resultados se correspondan con los recursos de que ha dispuesto. A mayores medios de acción mayor responsabilidad… en beneficio de las colectividades, por cuyos intereses estamos llamados a velar…Estas fórmulas deben abarcar tanto la ejecución de obras como el funcionamiento de los servicios, con arreglo a rigurosos criterios de economía. Una coordinación de este tipo nos permitirá programar el desarrollo del país no sólo en escala nacional, sino también dentro del ámbito de cada una de las regiones que lo integran. Y todo esto realizado según otra de las normas que constituyen el objetivo central de esta administración: la honradez administrativa. Esa honradez administrativa es un hecho real”.
Por el país circulaban gentes enlodadas que pretendían enlodar a los demás, y también algunos para quienes con el descrédito del sistema democrático pretendían alzar el banderín de enganche electoral, con la tesis de que había proliferado en Venezuela la inmoralidad administrativa. Es bien sabido en Venezuela, y en todos los países, que quienes se enriquecen al arrimo de la cosa pública exhiben esa riqueza. Sólo enfermos, paranoicos, pueden amontonar monedas y esconderlas. Quienes roban construyen casas espléndidas, compran automóviles lujosos, disfrutan abierta y provocadoramente del dinero mal habido. Y Rómulo afirmaba con dureza: “En Venezuela ni el Presidente de la república, ni los ministros, ni los presidentes y directores de institutos autónomos, ni los gobernadores de estado, ni los que forman el tren ejecutivo fundamental de la República, se han enriquecido ilícitamente. Ha habido y continuará habiéndolo, quién sabe por cuánto tiempo, tráfico de influencias, cobro de comisiones, delitos contra la cosa pública en escalones subalternos de la administración, pero frente a esos atentados contra los dineros del común está alerta y vigilante el gobierno”.
No eran sólo palabras. El Contralor General de la Nación, electo por unanimidad en el Congreso Nacional y no un funcionarios del Ejecutivo, tenía substanciados 268 expedientes: 86 en los tribunales de justicia, 49 en la Policía Técnica Judicial, 4 en la Fiscalía General de la República y 3 en la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos; y se instruían 46 nuevos expedientes. Rómulo exigía a los jueces desde la tribuna pública que “no debía haber lenidad, sino la máxima sanción, contra quienes cometieran el feo y deshonroso delito de desfalcar, o intentar desfalcar, los dineros fiscales”, además de que se investigaran “todas las presuntas irregularidades denunciadas recientemente por la prensa”.
En este sentido, Betancourt había dicho al comenzar su mandato que “era necesario jerarquizar al poder judicial”, y agregaba en 1962 : “En Venezuela, país que ha soportado a lo largo de su historia republicana la influencia del ejecutivismo autocrático, ha habido dos poderes marginados, menospreciados, menorvalidos: el poder legislativo y el poder judicial. Y ha sido un empeño de este régimen constitucional el de darles su sitio y su posición como poderes del Estado al legislativo y al judicial”.
Y desde 1959 el poder judicial actuaba al margen de presiones e interferencias ejecutivas, y se alentaba a los jueces para que sus decisiones, como intérpretes de las leyes, fueran suyas, porque “el poder ejecutivo no está indicando en qué forma deben ser sentenciados los juicios… Y ese deber de servicio a la República tiene que ser muy exigente. No basta con sólo los empeños que se hagan para jerarquizar el poder judicial si no hay una vigilancia permanente para que aquellos remanentes de jueces sin ética no continúen desacreditando a la judicatura… El consejo judicial no puede congelar juicios para jueces deshonestos. Tiene que agilizarlos y así como los hombres que formamos el poder ejecutivo no tenemos ningún inconveniente en que se sancione a quien incumpla con las normas de ética que deben regir en toda la administración pública, así el consejo judicial tiene que agilizar los trámites para que los jueces de dudosa ética no continúen deshonrando la judicatura…Los jueces en Venezuela tienen que adaptarse a realidades nuevas. En Venezuela antes no era un delito robar los dineros públicos… Dentro de esta nueva moral administrativa, que es por otra parte la moral administrativa en todas las sociedades democráticas bien organizadas, no hay delito más vituperable, ni merecedor de mayor atención, que el delito de peculado… Tienen que adaptarse también los jueces de Venezuela a otras modalidades que no se presentaban en la sociedad, regida por las normas dictatoriales de antes. Son los delitos políticos que ahora se complican con atentados contra las personas y las propiedades. Hay reacción en la opinión pública cuando algunos jueces conceden el beneficio de habeas corpus a individuos que han asaltado instituciones del Estado para robarse armas. O que han asaltado casas comerciales o bancarias con el propósito de adquirir fondos para actividades seudorrevolucionarias. Y entonces, en las mentes de algunos jueces, se crea un conflicto. Si ésos son delitos políticos o delitos comunes. Para la inmensa mayoría de los venezolanos son delitos comunes. Simples atracos… Son situaciones nuevas que se les presentan a los jueces de la República, que podría resolverlas el gobierno con métodos expeditivos y dictatoriales, pero que no procede en esa forma haciendo presos a todos los líderes de esos partidos, inclusive a los diputados y a los senadores, porque quiere respetar la Constitución y las leyes de la República. Y porque tiene fe en los jueces de Venezuela. Los jueces de Venezuela tendrán que decidir si esos partidos (el Partido Comunista y el MIR) pueden tener derecho a representación parlamentaria, cuando son partidos que están atentando contra la vida, contra la propiedad, contra la seguridad, contra la paz y la tranquilidad de los venezolanos”
Mientras tanto, Rómulo esperaba poner la primera piedra del Palacio de Justicia de Venezuela, inauguró el Internado Judicial de Mujeres en Los Teques, las cárceles de Maturín y de Valencia e iniciaba la construcción del Centro Penitenciario Nacional. Y decía: “…lo importante es que el Gobierno Nacional y todos los venezolanos rodeemos de respeto y acatamiento al poder judicial de la República... No podemos defraudar al pueblo venezolano en la lucha por alcanzar las metas económicas y sociales que nos hemos fijado objetivamente. No habremos de permitir que el pueblo venezolano vaya a perder la ventaja que está ahora logrando después de haber perdido tanto tiempo en la época de la dictadura…”
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