UN PLAN FUNCIONAL DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

     El 12 de marzo d 1963 se presentó ante el Congreso Nacional el quinto mensaje presidencial, en el cual el Presidente Betancourt abarcó una diversidad de temas que reflejaban minuciosamente la situación nacional, dando cuenta de los hechos y la posición que asumía el Gobierno de Coalición, en particular en cuanto a “esos grupos políticos antinacionales que han derivado a su situación actual de pequeñas bandas de atracadores y homicidas con premeditación y alevosía… a través de lo cual pensaban derrocar al régimen constitucional y establecer en Venezuela una sucursal del régimen comunista de Cuba.

UN PLAN FUNCIONAL DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

-Alberto Rodríguez Barrera-

     Otro hecho de especial significación nacional para el acontecer político nacional era la reciente resolución del Consejo Supremo Electoral que abrió el proceso de comicios que habría de elegir al próximo Presidente de la República y a los cuerpos deliberantes de la nación. Bajo el imperio pleno de las garantías institucionales, concurrirían 3 millones de venezolanos a la consulta electoral. Betancourt, guiado siempre por la pedagogía cívica, afirmó la intención demostrada de que el Poder Ejecutivo no iba a interferir ni a presionar en ningún sentido al organismo electo por el Congreso para dirigir todo el proceso de comicios, ni al electorado. El Consejo Supremo Electoral ni siquiera recibió insinuaciones del Ejecutivo y determinó la fecha y la forma en que habían de realizarse las elecciones. El gobierno “se limitará a garantizar el orden público y a velar celosamente porque ningún miembro de la rama ejecutiva tenga participación activa en las elecciones que se avecinan”.

     Dijo Rómulo: “He dicho con insistencia y sinceridad que el gobierno, ni yo personalmente, tendremos candidatos para la Presidencia de la República y los cuerpos deliberantes en los próximos comicios. Para mí, como hombre público, este compromiso contraído con la nación adquiere singular importancia. Culminará en 1964 una dilatada faena mía en favor de la vigencia y estabilidad del régimen democrático en el país. Esa acción de más de tres décadas ha estado jalonada de aciertos y errores, como la de todo hombre que haya tenido una prolongada ingerencia en las cuestiones públicas. Pero aspiro a que la historia habrá de reconocer que la pasión por Venezuela y la entrega a su servicio, dieron contenido y forma a esa dilatada e incesante actividad. Pero lo que la historia no me perdonaría, infiriéndole además severo daño a la fe de los venezolanos en los hombres públicos, es que pretendiera yo utilizar arbitrios para imponerle al país un sucesor mío en Miraflores. No lo haré, y ratifico aquí que de haberme sentido tentado en algún momento por la intención de hacerlo hubiera encontrado, junto con la airada y lógica protesta de la oposición, el rechazo decidido de los partidos Acción Democrática y Copei, y de las individualidades políticamente independientes, de insobornable celo cívico, que integran los cuadros ejecutivos de la administración pública… En una democracia, y en Venezuela, se vive dentro de un régimen democrático cabal, no es concesión de las autoridades sino deber de las autoridades el de darles idéntico tratamiento a todos los candidatos que presenten sus nombres y programas a la consideración del electorado, formen éstos en las filas de los defensores de un régimen o de los opositores a él”. 

     El Presidente Betancourt hizo también referencia a la actuación de las Fuerzas Armadas en cuanto a mantenerse “ceñida a su misión institucional dentro de un marco de estricta y rigurosa subordinación al sistema jurídico legítimamente constituido… participaron en las operaciones y sometimiento de las insurrecciones de Carúpano y Puerto Cabello y apoyaron a las autoridades civiles en el control de los disturbios y restablecimiento del orden público, y en las labores de limpieza de los grupos de perturbadores que han pretendido establecer guerrillas en las zonas rurales del país… y cumplieron con eficacia, espíritu disciplinario y plena consciencia de su función de hacer respetar y defender la soberanía de la nación, las tareas que se les encomendaron dentro y fuera de las fronteras el país”.

     Cabe recordar que la ingeniería militar cumplió en este tiempo una labor pionera en las labores de alfabetización que se hizo en 160 centros creados en las regiones más remotas y en la apertura de nuevas zonas del país, como la construcción del aeropuerto de San Carlos, la carretera Puerto Ayacucho-Puerto Páez-Caicara del Orinoco y en la carretera de penetración en la Gran Sabana. Para los conscriptos, 80% de los cuales provenían de las áreas rurales, se puso en servicio la Granja Militar de La Placera; se completaron varios edificios de la nueva sede de la Escuela Naval de Venezuela en el Departamento Vargas; el Instituto de Previsión de las Fuerzas Armadas, fundado en 1945 y que hasta 1958 había recibido 44 millones de bolívares para la construcción de viviendas, recibió en 4 años del Gobierno de Coalición 115 millones (el 72% del total de 159 millones).

     En materia de moralidad administrativa, en el curso de los cuatro años del Gobierno de Coalición, la Contraloría había sustanciado 342 expedientes sobre irregularidades administrativas; y 148 se iniciaron a solicitud de los ministros y de los directores de institutos autónomos. En 1962 se introdujeron a la consideración del Congreso las leyes de Contraloría y de Licitación.

     Entre las muchas cifras que confirmaban la recuperación económica del país, un signo satisfactorio lo constituyó especialmente el incremento del saldo activo de la balanza comercial: de 3.495 millones de bolívares en 1961 a 4.206 millones en 1962, a precios constantes de 1960, o sea: un incremento de más del 20%. La ocurrencia de este saldo activo en la balanza comercial fue más elocuente aún al considerar que se logró al mismo tiempo incrementar notablemente las importaciones en bienes de inversión –esencial para la ampliación de nuestro aparato productivo- de 554 millones de bolívares en 1961 a 800 millones en 1962, o sea: casi un 45%, lo cual constituí un signo incontrastable de la recuperación y al mismo tiempo una condición para su continuación.

     Es de notar, además, que el incremento de las importaciones de bienes de capital compensó con creces las apreciables reducciones que se observaron en los demás renglones de las importaciones, en especial de los productos manufacturados, como resultado de la campaña de sustitución de importaciones por producción interna.

     Participaron en esta recuperación, en grados diferentes, todos los sectores productivos de la economía nacional. Espectacular fue la industria de la construcción, como consecuencia directa de la ampliación de los programas de obras públicas y de las facilidades de financiamiento de vivienda mediante el programa de créditos as la construcción de vivienda urbana; algo jamás visto en el país. 

     El presidente Betancourt informó al país que los egresos fiscales acordados fueron de 6.553 millones de bolívares, de los cuales 2.969 millones correspondieron a gastos de desarrollo, 1,051 millones al pago de la deuda pública, 757 millones al situado y aportes a entidades federales y 1,776 millones a los gastos corrientes de la administración pública general. Las necesidades de funcionamiento de la administración pública fueron satisfechas en su casi totalidad con las asignaciones presupuestarias sin recurrir apenas a la utilización, otrora exagerada, de los créditos adicionales, poniéndose así de manifiesto la voluntad ordenadora y los propósitos de sinceridad fiscal que animaban la política económica del Gobierno de Coalición.

     En cuanto a la situación del fisco nacional, el balance fiscal, que resultó de la comparación entre los ingresos ordinarios, que totalizaron 5.905 millones de bolívares, y los egresos ordinarios, que fueron del orden de los 5.240 millones, presentó un superávit corriente de 665 millones, cuya utilización contribuyó a disminuir en 305 millones el monto de la deuda pública y a incrementar en 360 millones las reservas de tesoro.

     El monto de la deuda pública directa e indirecta, incluyendo la flotante y el anticipo del impuesto de explotación de hidrocarburos percibido en diciembre de 1960, alcanzaba al 31 de diciembre de 1961 a la suma de 2.778 millones de bolívares. Para el 31 de diciembre de 1962, llegó a 2.578 millones, lo cual significó una disminución de 200 millones. En el curso de 1963 se cancelaron dos cuotas del empréstito de abril de 1960, con lo que se completó la amortización del 50% de dicho empréstito y si bien se realizaron nuevas operaciones de crédito, se logró no sólo disminuir el monto de la deuda pública sino también modificar su composición, en forma tal que los compromisos anuales fueron menos onerosos.

     Durante el mes de enero de 1963 se cancelaron por adelantado deudas que le ahorraron millones a la nación por concepto de intereses que ya no se pagarían. La deuda pública para este momento era de 2.241 millones de bolívares. Tal saneamiento fiscal permitió que por primera vez en muchos años se presentase un presupuesto de ingresos y de gastos cabalmente balanceado. Y el saneamiento fiscal no se limitó al gobierno central; la política de reajuste alcanzó a los gobiernos regionales y a los institutos autónomos. Tal balance, claramente favorable, fue el resultado del Plan de Recuperación Económica puesto en práctica por el Gobierno de Coalición.